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Consejo Regional investigará presuntos actos de corrupción en Gerencia Regional de Educación

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Legislador Mayer Haro alcanzó a la Comisión de Educación y Cultura del Consejo Regional un expediente de dos mil 234 folios con denuncias sobre presuntos actos de corrupción en el sector Educación.

Entre ellos, el nombramiento irregular de dos funcionarios, contratación de familiares de directores de UGEL, favorecimiento en procesos administrativos a docentes para que prescriban acusaciones en su contra, encubrimiento a funcionarios para evitar sanciones por permitir la expiración de denuncias públicas respecto a treinta casos de acoso sexual y maltrato físico y psicológico por parte de docentes en agravio de alumnos.

Un expediente de dos mil 234 folios con denuncias sobre presuntos actos de corrupción y otras irregularidades en agravio del Estado ocurridos en la Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional de La Libertad, ha alcanzado el legislador otuzcano Mayer Haro Rafael a la Comisión Ordinaria de Educación y Cultura del Consejo Regional de La Libertad.

Las denuncias, debidamente documentadas, fueron presentadas por la población en el despacho del consejero Mayer Haro, quien, tras tomar conocimiento y evaluarlas, las ha hecho llegar al mencionado grupo de trabajo para que, en el marco de su función fiscalizadora, inicie las acciones correspondientes contra los presuntos actos de corrupción incurridos en el sector Educación.

Entre las denuncias presentadas al despacho del legislador Mayer Haro y que serán materia de investigación de la Comisión Ordinaria de Educación y Cultura del Poder Legislativo regional, está el nombramiento irregular de dos funcionarios de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, contratación de familiares de los directores de UGEL, favorecimiento en procesos administrativos a docentes para que prescriban acusaciones en su contra y evitar sanciones, encubrimiento a funcionarios para evitar sanciones por permitir la expiración de denuncias públicas respecto a treinta casos de acoso sexual y maltrato físico y psicológico por parte de docentes de colegios en agravio de alumnos, entre otras.

Al respecto, Mayer Haro ha dicho que en cumplimiento de su labor fiscalizadora efectuó una revisión y verificación previa a toda la documentación que acompaña las denuncias y que luego estas han sido incluidas en el informe legal 001-2013-GRLL-CR-AMAM, de 2.234 folios, refrendado por la abogada de su despacho, Ana María Altamirano Malabrigo, el mismo que ya ha sido remitido a la presidenta de la Comisión Ordinaria de Educación y Cultura del Consejo Regional de La Libertad, Helvidia Castillo León, y a sus integrantes Enma Cumpa Luján y Carlos Sandoval de la Cruz.

“Ha sido un arduo trabajo llevado a cabo en dos meses y medio, pero lo importante es que estos documentos ya están en buenas manos”, comentó Mayer Haro, quien agregó que la amplia trayectoria profesional y experiencia de Helvidia Castillo al frente del sector Educación, así como la reconocida labor fiscalizadora de Enma Cumpa y Carlos Sandoval, serán factores importantes para que la Comisión de Educación dictamine y recomiende las acciones más adecuadas en favor y defensa de la comunidad educativa de la región.

FUNCIONARIOS

Según el informe, hay denuncias sobre la reincorporación y nombramiento indebido de dos funcionarios de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad: el señor Jorge Eduardo Morales Loyola y la abogada María Julia Julissa Merino Alegría.

El primero, Jorge Eduardo Morales Loyola, fue reincorporado en calidad de nombrado en el cargo de Especialista Administrativo II, con Resolución Directoral Regional 579-2005-DRE-La Libertad, de fecha 31 de mayo de 2005, pese a que había cesado el año 1995 con el cargo de Especialista Administrativo I, trasgrediendo el artículo 20 del Decreto Supremo 014-2002-TR que dispone la reincorporación en el mismo cargo y funciones.

El hecho de ser reincorporado en un cargo distinto y de mayor jerarquía y responsabilidad, vulnerando, a la vez, lo establecido en la Ley 27803, obligó al Gobierno Regional de La Libertad a autorizar a la procuradora regional, mediante Resolución Ejecutiva 949-2006-GR-LL, a demandar ante el Poder Judicial la nulidad de la Resolución Directoral Regional 579-2005-DRE-La Libertad.

Además, el Gobierno Regional de La Libertad también autorizó a la procuradora, mediante Resolución Ejecutiva 2234-2012-GRLL/PRE, del 21 de noviembre de 2012, a iniciar acciones legales contra Jorge Eduardo Morales Loyola, en su condición de ex funcionario de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, por realizar destaques irregulares y encargo de funciones de manera irregular, omitiendo cumplir las funciones a las que se encontraba obligado.

Respecto a la abogada María Julia Julissa Merino Alegría, el informe da cuenta de su supuesto nombramiento indebido, a través de la Resolución Directoral Regional 10397-2006-DRE-La Libertad, de fecha 29 de diciembre de 2006, invocando como sustento técnico el informe favorable emitido por el jefe de Personal de entonces, Jorge Eduardo Morales Loyola, pese a que su pedido de nombramiento fue declarado infundado mediante Resolución Directoral Regional 004345-2006-DRE-La Libertad, de fecha 05 de julio de 2006, que tuvo como sustento técnico el informe desfavorable suscrito por el mismo Jorge Eduardo Morales Loyola.

Después, el recurso impugnativo interpuesto por la abogada María Julia Julissa Merino Alegría fue declarado improcedente por el Gobierno Regional de La Libertad, mediante Resolución Ejecutiva 389-2007-GR-LL-PRE, del 16 de marzo de 2007.

Así mismo, se denuncia que la abogada María Julia Julissa Merino Alegría, en su calidad de coordinadora y especialista de la CADER, presenta informes contradictorios y pronunciamientos sobre sanciones, amonestaciones y procesos disciplinarios, favoreciendo aparentemente a los de su entorno y perjudicando a quienes no lo son, evidenciando inconducta funcional en estos y otros hechos denunciados.

FAVORES PARA EVITAR PROCESOS DISCIPLINARIOS

De otro lado, los funcionarios de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad José Rabines Serrano, director nombrado de la UGEL 03; Milton Rafael Abanto Bueno y Jessica Roxana Gálvez Haro, integrantes de CADER, fueron acusados de favorecer en procesos administrativos disciplinarios a otros docentes al dejar que prescriban acusaciones en su contra a fin de evitar sanciones.

El informe detalla el caso de la abogada Jessica Roxana Gálvez Haro, quien sorprendió al titular de la GRELL haciéndole firmar una resolución “que atenta gravemente contra los intereses del Estado”, al pronunciarse en contra de las normas vigentes y asegurar que la directora del Conservatorio de Música “Carlos Valderrama”, Olga Díaz Chávarry, debía laborar 40 horas pedagógicas cuando, de acuerdo a la ley, le correspondía trabajar 40 horas cronológicas, que es lo que debe laborar un director de educación superior. Este presunto acto de corrupción, entre otros, dio motivo a la investigación por parte de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo.

Respecto a José Rabines Serrano, director de la UGEL 03, también será investigado por presuntamente haber falseado su edad cronológica para evitar el cese en su cargo, según el informe de un medio de comunicación local, cuyo autor de la nota informativa estaría sufriendo “reglaje” por parte de personas al parecer allegadas al mencionado funcionario, según denunciaron los familiares del periodista, que han adjuntado fotografías de los sujetos en inmediaciones de su domicilio

UGEL

Otras denuncias que forman parte del informe, han sido efectuadas contra los ex directores de las UGEL recientemente creadas, por la presunta contratación de sus familiares en las mismas, de manera directa, sin haberse realizado los correspondientes procesos de selección de personal. Las denuncias son contra Cristian Agüero Paredes, de la UGEL Trujillo Sureste; Olga Cribilleros Shigihara, de la UGEL Trujillo Noreste; y Roger Muguerza, de la UGEL 02.

ACOSO SEXUAL

El informe dice que también se tomó conocimiento de las denuncias públicas respecto a 30 casos de acoso sexual y maltrato físico y psicológico por parte de los docentes de colegios en agravio de los alumnos, ocurridos los años 2009, 2010, 2011 y 2012, que no fueron atendidos oportunamente por la Gerencia Regional de Educación de La Libertad.

Añade que la GRELL recibió las denuncias pero no tomó las acciones pertinentes, dejando que las mismas sean archivadas, vulnerando lo dispuesto por la Resolución Ministerial 405-2007-ED, que establece que el proceso administrativo sobre maltrato físico, psíquico, hostigamiento sexual, entre otros actos, debe ser sumario.

El documento advierte la inacción de la Comisión de Procesos Administrativos de la GRELL al no haber procedido a abrir el procedimiento administrativo de investigación respectivo y haberse abstenido de emitir los pronunciamientos respectivos a fin de determinar las responsabilidades funcionales, hechos que también se pusieron en conocimiento del Órgano de Control Institucional.

En respuesta, el Órgano de Control Institucional de la GRELL, mediante oficio dirigido al gerente regional de Educación, Willard Loyola Quiroz, señaló que pese a la gravedad de los hechos denunciados y del tiempo transcurrido, la Comisión de Procesos Administrativos no había cumplido con dar el trámite legal a las denuncias, habiendo, incluso, provocado la intervención del jefe de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA), Guillermo Haro López, quien demandó a las autoridades locales sancionar a los funcionarios de la GRELL por permitir la expiración de las denuncias, habiéndose presentado denuncia formal el 18 de diciembre de 2012 ante la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de La Libertad. 

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