En La Libertad hay un caso.
La publicación de las listas preliminares para el nuevo Congreso bicameral ha encendido una señal de alerta democrática. Registros electorales, datos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) e investigaciones independientes revelan que al menos 20 precandidatos a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados mantienen inscripciones vigentes o suspendidas en el Reinfo, asesorías a gremios mineros o vínculos directos con la minería informal. El fenómeno atraviesa partidos de izquierda, centro y derecha, y se repite en Cusco, Apurímac, Ica, La Libertad, Puno, Lima y la Amazonía.
Según la información disponible en los registros de candidaturas para elecciones internas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, contrastada con el Reinfo, varios aspirantes al Parlamento aparecen con derechos mineros activos o suspendidos, o con relaciones políticas y legales con organizaciones del sector. El dato no es menor: el próximo Congreso tendrá la responsabilidad de legislar sobre minería, ambiente, ordenamiento territorial y formalización, áreas directamente impactadas por estos intereses.
En La Libertad, el caso más visible es el de Benner Luján, de Acción Popular, quien figura dentro del grupo de más de 50 mil mineros retirados del Reinfo por no cumplir los requisitos para culminar la formalización. En la misma región aparece Adolfo Valverde, de Perú Libre, vinculado como asesor a la Confemin, uno de los gremios que impulsa la ampliación del registro y la flexibilización de controles. Situaciones similares se observan en Cusco y Apurímac, donde precandidatos mantienen inscripciones en distritos con alta conflictividad minera; en Ica, Lambayeque y Tumbes, con registros suspendidos; y en Puno y Lima, con dirigentes y exinscritos que han defendido abiertamente la continuidad del Reinfo.
El cuadro se agrava cuando se consideran las asesorías legales y políticas. Algunos postulantes han representado a asociaciones de mineros informales o mantienen vínculos con líderes investigados por delitos asociados a la minería ilegal. En la Amazonía, incluso, reaparecen figuras con antecedentes parlamentarios cuestionados por cobros irregulares a mineros. Todo ello dibuja un mapa de penetración política de una economía ilegal que, de acuerdo con reportes especializados, mueve miles de millones de dólares al año y tiene capacidad para financiar campañas.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿quién legislará sobre minería y ambiente si estos intereses llegan al Parlamento? La ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes buscan el poder y desde dónde, antes de que las listas oficiales queden cerradas. Lo que hoy aparece como una suma de casos individuales podría convertirse, mañana, en una bancada informal con capacidad de influir en leyes clave para el país.
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