Con el nuevo reglamento los procedimientos serán más rápidos y ya no prescribirán.
El pleno del Concejo aprobó en sesión extraordinaria el proyecto de ordenanza que regula el Régimen de Infracciones y Sanciones Administrativas de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), uno de los documentos que faltaban para que la Gerencia de Fiscalización y Control pueda empezar sus labores con el sustento legal del caso.
Para ello solo faltaba aprobar el Reglamento Administrativo Sancionador (RAS), Cuadro de Infracciones y Sanciones (CUIS) y la ordenanza para el uso de la fuerza (rochabus y decomiso) en ambulantes, lo que está en comisión de regidores.
El alcalde Mario Reyna señaló que el sistema de fiscalización de la MPT propiciaba actos de corrupción, por lo que hubo muchas denuncias. “Después de 20 años de tener fiscalizadores en diversas áreas, se centralizó tal labor en una gerencia que dará más celeridad a los procesos y que se concluirán con total transparencia”, expresó.
Esta unidad se creó como parte de la reestructuración del organigrama municipal para mejorar el control y fiscalización de los servicios que supervisa la MPT de acuerdo a ley, en áreas como desarrollo urbano (licencias de construcción), comercio informal, licencias de funcionamiento, publicidad, salud o transporte público, entre otros.
De miles de procedimientos iniciados, solo unos cuantos concluían; los demás no eran atendidos y prescribían, impidiendo que los actos de control con multas o sanciones generaran ingresos a la ciudad y llenaran los bolsillos de algunos malos fiscalizadores.
La gerente de Fiscalización, Vicky Mori del Águila, al sustentar la propuesta ante el Concejo, precisó que la anterior ordenanza municipal era del año 2008 y necesitaba ser actualizada para que genere eficacia y agilidad en el trámite de los procedimientos administrativos con carácter correctivo para ordenar la ciudad.
Hay una carga alta de expedientes por atender, los que seguirán siendo procesados bajo la norma anterior. Con la nueva ordenanza se inicia el procedimiento con imputación de cargos; antes se hacía con acta de inspección ocular, precisó.
Con la nueva ordenanza se motiva el acta de fiscalización en todos sus extremos con la imputación de cargos y el administrado tendrá cinco días para presentar su descargo. De no hacerlo, se evacúa el informe final con medios probatorios para que se emita resolución sancionadora y se le vuelve a dar un plazo para que pueda presentar recurso de impugnación o de reconsideración, explicó.
Antes, el inicio de un procedimiento lo comenzaba el fiscalizador; ahora, la notificación de la infracción recae sobre el subgerente y solo es apelable la resolución de sanción, no la notificación de inicio del procedimiento. Antes había la posibilidad de que el administrado subsanara pidiendo la anulación del procedimiento, pese a que la infracción estaba cometida. Si tenía productos en la calle en exhibición y venta, el administrado presentaba fotos mostrando que los retiró y pedía la anulación de la infracción.
Con el procedimiento de imputación de cargo eso se modificó, concluyendo con un informe de instrucción que recomienda si debe haber sanción o no. Ahora se atenderán los procedimientos en menor tiempo, lo que antes demoraba años.
Los regidores coincidieron en señalar que era hora de recuperar el principio de autoridad, haciendo respetar las normas que rigen la buena marcha de la ciudad.
Vicky Mori indicó que la gerencia solo cuenta con 8 fiscalizadores y pidió la contratación de 20, porque se necesita trabajar en tres turnos, considerando que hay establecimientos que funcionan por la noche e incluso a altas horas de la madrugada y que se estima que en Trujillo hay unos 17 mil negocios.
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