Consejo Regional de La Libertad exige modificación del D.S. 060-2025 y expresa respaldo total a la población de Pataz
Frente a la compleja situación que atraviesa la provincia de Pataz, el Consejo Regional de La Libertad ha expresado su posición firme y solidaria, exigiendo la modificación o derogatoria del Decreto Supremo N.º 060-2025-PCM, emitido por el Gobierno Nacional, por considerar que afecta gravemente los derechos y la economía de miles de ciudadanos, especialmente pequeños mineros artesanales.
La presidenta del Consejo Regional, Lorena Carranza Blas, remarcó que se han establecido dos posiciones claras frente a esta crisis que azota a la provincia de Pataz.
“Tenemos dos posiciones. Una posición política, que nos corresponde como autoridades elegidas por el pueblo, y una posición legal, dentro del marco que nos compete como órgano legislativo regional. No podemos ser indiferentes a lo que está ocurriendo en la provincia de Pataz. Nos solidarizamos con nuestros hermanos de Pataz y rechazamos la forma arbitraria en que se emitió el D.S. 060-2025 sin tomar en cuenta la realidad que allí se vive”.
Asimismo, anunció que el Consejo emitirá un pronunciamiento institucional, el cual será remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y a las autoridades correspondientes. “Lo que el pueblo ha manifestado es claro: si se va a emitir un decreto para suspender la actividad minera, entonces que se aplique para todos, sin excepciones. No es justo que se prohíba trabajar a los pequeños mineros, mientras las grandes empresas continúan operando. Eso genera desigualdad y abandono”, señaló.
En la misma línea, el consejero por la provincia de Pataz, Frank Solórzano, informó que se ha sostenido una mesa de diálogo con representantes del distrito de Pataz, incluyendo al alcalde distrital y funcionarios de Defensa Nacional y Energía y Minas.
“Hemos recogido propuestas concretas, entre ellas la exigencia de modificar o derogar el decreto supremo, ya que su aplicación no puede ser uniforme en todos los distritos. La situación de Pataz no es la misma que la de Parcoy o Tayabamba, donde no ha habido conflictos ni alteraciones del orden público”, explicó.
Por su parte, el consejero Luis Rodríguez enfatizó la gravedad del impacto económico y social en la provincia.
“Estamos hablando de cerca de 100 mil habitantes que viven, en su mayoría, de la minería artesanal. No todos los mineros tienen recursos; muchos viven del trabajo diario. La canasta básica, los estudios de sus hijos, todo está en riesgo. Si no se toman medidas urgentes, esto puede desencadenar una crisis política, social y psicológica”.
Rodríguez agregó que, desde el Consejo, se está trabajando en la documentación y remisión de informes a la Presidencia de la República, PCM, Congreso, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Trabajo, solicitando formalmente la revisión del D.S. 060-2025.
“No podemos ser ajenos a lo que vive Pataz. “Como autoridades regionales, actuaremos dentro de nuestras competencias para respaldar a nuestra población y garantizar sus derechos”, finalizó.
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