Contraloría concluye que obra en la Facultad de Derecho de la UNT generó perjuicio económico de S/ 2.1 millones
Se otorgaron conformidades y se tramitaron pagos pese a incumplimientos contractuales. Informes técnicos recomiendan que todo lo edificado hasta octubre del 2014 debe ser demolido.
La Contraloría General de la República concluyó que todo lo ejecutado y pagado para complementar y mejorar la infraestructura de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) representa un perjuicio económico de S/ 2.1 millones para esa casa superior de estudios. Lo edificado hasta octubre del 2014 lleva más de diez años en abandono, por lo que dos estudios técnicos recomiendan su demolición.
Así lo revela el Informe de Control Específico n.° 033-2024-2-0222-SCE, que también identifica presunta responsabilidad penal en dos exfuncionarios de la UNT (2013-2015), por otorgar conformidad y tramitar el pago de nueve valorizaciones (cuantificaciones económicas del avance físico de la obra), sin advertir incumplimientos contractuales tanto del contratista como del supervisor de la obra.
Por ejemplo, se halló que en la documentación presentada en cada una de las nueve valorizaciones (seis de ellas pagadas) no se adjuntó el informe de control de calidad, aprobado por la supervisión, que incluye los certificados de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados, documentos necesarios para el trámite de los pagos.
Además, tres de los siete profesionales propuestos por el contratista como plantel técnico para la ejecución de la obra no participaron, e incluso se tramitaron y pagaron valorizaciones sin que determinadas partidas (trabajos) fueran ejecutadas en los meses que correspondía y/o con partidas mal ejecutadas (por ejemplo, las instalaciones sanitarias no estuvieron acordes a lo indicado en los planos y otros documentos del expediente técnico).
A octubre del 2014, la obra presentaba un avance real ejecutado de 35.89 % cuando lo programado para dicho mes era 100 %. Es decir, la obra estaba atrasada en un 64.11% y al día 20 del mismo mes de octubre los trabajos se paralizaron por causa injustificada del contratista, lo que motivó la resolución del contrato y una demanda de arbitraje que concluyó en agosto del 2018, con las pretensiones del contratista declaradas infundadas e improcedentes.
El informe, que también identifica presunta responsabilidad penal en tres terceros partícipes integrantes del consorcio ejecutor de la obra, fue derivado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de la acción penal que corresponda, y al igual que otros informes que son de interés público, está disponible tanto en el Buscador de Informes de Control como en el portal www.gob.pe/contraloria.
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