El Concejo defiende intereses de la población y exigirá la inclusión de una adenda para evitar la privatización del servicio de saneamiento.
Para el regidor provincial Andrés Sánchez, el convenio suscrito el año 2016 por la Municipalidad Provincial de Trujillo con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) fue entreguista, nefasto y lesivo para los intereses de la comuna, de la población y de Sedalib e inaplicable, por lo que solicitó su modificación.
Fue al abordar el pedido del alcalde Mario Reyna Rodríguez para aprobar el proyecto de ordenanza que declara de necesidad pública e interés provincial el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito de influencia de Sedalib S.A.
En representación de la comisión de Recursos Hídricos, señaló que después de haber evacuado el informe sobre la propuesta del alcalde, enviaron un documento planteando que se modifique el convenio y que se agregue una adenda defendiendo los intereses de la ciudad, para evitar que se privaticen los servicios de saneamiento.
“Que quede claro que no nos oponemos a la inversión pública, pero que el convenio sea de carácter público y que el Estado se ‘moje’ y no pase los servicios de saneamiento a manos de un privado”, manifestó.
—Lo ideal hubiera sido que discutamos ambos documentos en otra sesión, el pedido del alcalde y la propuesta de la comisión —pidió, a lo que el regidor Christian Luján Pajares, encargado de conducir la sesión, señaló que había una clara afectación, por lo que se acordó finalmente, por unanimidad, diferir tal punto para una nueva sesión.
La comisión de Recursos Hídricos la integran los regidores Luis Gonzales Rosell -que la preside-, Andrés Sánchez Esquivel y Jorge Tam Chávez, quienes analizaron la propuesta del alcalde Mario Reyna y la consideramos importante para la ciudad, pero señalaron que luego del análisis al convenio con el MVCS concluyeron que no favorece a los intereses de la MPT y de la población.
El Convenio N°1363-2016-Vivienda, de delegación de funciones y competencias de la MPT a favor del MVCS, del 29 de septiembre del año 2016, señala en su cláusula tercera que la Municipalidad conviene en delegar funciones y competencias en materia de concesiones en temas de saneamiento en el Ministerio para que éste otorgue en concesión al sector privado el proyecto de inversión denominado “Sistema de plantas de tratamiento de aguas residuales de la provincia de Trujillo”.
Para tal efecto, otorga facultades en el ministerio para que, en su nombre y representación, ejerza todas las potestades, derechos y obligaciones que le correspondan de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo, sin ser limitativo, las siguientes facultades: ejercer el rol de concedente, en representación de la municipalidad; realizar el diseño, convocatoria, promoción, otorgamiento y ejecución de la concesión del proyecto de inversión a través de su comité de inversiones o encargando la ejecución del proceso de promoción de la inversión privada a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, según corresponda.
También, realizar la suscripción del contrato y modificatorias que resulten del mencionado proceso, así como su renegociación; y ejecutar los actos de administración, adquisición y disposición de los bienes vinculados para la ejecución del proyecto a cargo de la municipalidad según la normativa vigente.
El regidor Gonzales Rosell, después de manifestar su total acuerdo con la propuesta del alcalde, señaló, sin embargo, que esta era meramente declarativa y no obligaba a nada al MVCS. “Lo que la comisión propone es la modificación de este convenio que es perjudicial para la MPT, Trujillo y Sedalib”, dijo.
Precisó que resulta totalmente irregular que, mientras en la sesión de Concejo del 6 de julio de 2016 y en el Acuerdo de Concejo N° 119 se señale que el proyecto tendrá financiamiento total por el MVCS, con participación de la iniciativa privada, el convenio señala que el MVCS lo entregará en concesión, lo que supone una tergiversación de la voluntad de los miembros del Concejo de aquel entonces. “Hubo un cambio en lo que acordó el Concejo y lo que se firmó en el convenio”, expresó.
Es importante que planteemos una adenda al convenio y que este tema se debata en una sesión extraordinaria lo antes posible y que el gerente de Asesoría Jurídica evacúe su informe cuanto antes. “Estamos en los plazos límites en los que el Ministerio de Vivienda o Proinversión pueda convocar a estudios por cuenta de privados y allí ya no podríamos modificar. Hay que evitar el proceso de privatización”, dijo finalmente.
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