En operativo “ Cuidemos la vida silvestre 2025” la FPTEMA rescata cóndor andino herido
En una importante acción de protección a la fauna silvestre, la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Materia Ambiental de La Libertad realizó el operativo “Cuidemos la Vida Silvestre 2025”, logrando el rescate, traslado y atención veterinaria de un cóndor andino (“Vultur Gryphus”), que fue encontrado herido por un perdigón en el anexo de Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de Pataz.
El ciudadano Fernando Góngora Julca informó a la Fiscalía sobre la presencia del cóndor herido en el sector Alaska de la referida localidad. Inmediatamente, la Dra. Lisha Ramírez Oré, fiscal adjunta a cargo del turno, en coordinación con la fiscal provincial Dra. Patricia Viviana Ponce Saavedra, inició las diligencias pertinentes con la Agencia Agraria de Pataz y la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad para garantizar su pronta atención.
Para su resguardo y traslado, se dispuso de una jaula especialmente acondicionada y se obtuvo un cupo de vuelo para el ave y un acompañante desde el aeródromo de Pías hasta la ciudad de Trujillo. Una vez en Trujillo, el cóndor fue atendido de urgencia en la clínica veterinaria SIAMO por el médico veterinario Alejandro Peralta Sánchez, quien diagnosticó una necrosis en el ala izquierda, posiblemente debido a la herida causada por el perdigón hace aproximadamente diez días. Ante la gravedad del caso, se comunicó con el biólogo Víctor Vargas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SENFOR – Lima), quien solicitó un informe detallado para evaluar el tratamiento y el futuro del ave.
Actualmente, el cóndor permanece bajo custodia temporal del Dr. Peralta Sánchez, recibiendo los cuidados necesarios para su recuperación. La Fiscalía Ambiental de La Libertad hace un llamado a la ciudadanía para tomar conciencia sobre la importancia de la fauna silvestre y la grave repercusión que tienen los actos de violencia contra especies protegidas en peligro de extinción. Asimismo, recuerda que el ordenamiento legal sanciona estas acciones con penas de hasta cinco años de prisión, según el artículo 308-C del Código Penal.
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