FECOR logra prisión preventiva para integrantes de organización criminal “parqueros de Pataz”
El Equipo N° 03 de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, integrado por el fiscal provincial Rafael Gonzales Hurtado y sus fiscales adjuntos Andrea Lavado Pérez, Imelda Gisselle Sifuentes López y José Andrés Quispe Lozano, logró que se declare fundado el requerimiento de 36 meses de prisión preventiva contra William Iván Gómez Alayo, Pedro Pablo Broncales Baltodano, Darío Vera Benites y Leyder Cruger Agreda Chacón, integrantes de la organización criminal “Parqueros de Pataz”. Esta red delictiva, dedicada al hurto agravado, minería ilegal agravada y corrupción de funcionarios, fue desarticulada el 14 y 15 de julio de 2024 con la detención de su líder, Gregorio Palermo Segura Marcelo, en Chiclayo, cuando intentaba fugar hacia la selva junto con otros miembros de la organización.
Durante la investigación, el Ministerio Público demostró que dentro del teléfono celular del líder se halló un documento confidencial del informe policial que solicitaba su detención, lo que permitió que otros integrantes lograran escapar. Además, se logró acreditar que William Iván Gómez Alayo desempeñaba el rol de socio financista, vinculado a actividades mineras ilegales en la beta Briana de la Compañía Minera Poderosa, mientras que Pedro Pablo Broncales Baltodano coordinaba la adquisición de documentos administrativos Reinfo, guías de remisión y transporte para eludir controles policiales.
Asimismo, se identificó a Darío Vera Benites como capataz, responsable de coordinar con los “capacheros” y/o “chamberos” en la explotación de labores mineras ilegales, y a Leyder Cruger Agreda Chacón como capachero, quien fue intervenido en tres ocasiones realizando actividades ilícitas en las betas de la minería Poderosa. La labor fiscal permitió demostrar la estructura operativa de esta organización criminal y los vínculos de cada uno de los imputados con las actividades ilícitas.
Con esta medida, el Ministerio Público reafirma su compromiso en la lucha contra la criminalidad organizada y la minería ilegal, garantizando que quienes infringen la ley enfrenten las consecuencias de sus actos. La decisión judicial refuerza los esfuerzos institucionales para combatir estas redes delictivas y preservar el orden y la seguridad en la región.
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