Ipenza: “Hay filtración de información a favor de mineros ilegales”
El abogado especialista en temas ambientales, César Ipenza Peralta, lanzó una dura advertencia sobre la crisis ecológica que desata la minería ilegal en el Perú, señalando la filtración de información desde autoridades locales hacia mafias mineras, lo que les permite eludir los operativos policiales y continuar destruyendo ecosistemas de alto valor biológico en regiones como La Libertad y Huánuco.
“Los mineros terminan enterándose de los operativos antes de que lleguen las autoridades. Mueven sus máquinas y se refugian en comunidades donde incluso algunos líderes locales los protegen”, denunció Ipenza.
Según explicó, esta práctica —que se repite en varias zonas del país— refleja el grado de descomposición institucional y la ausencia de control efectivo del Estado frente a la expansión de la minería ilegal, un fenómeno que combina intereses económicos, corrupción local y complicidad social.
El abogado indicó que las operaciones ilegales más críticas se desarrollan actualmente en Pataz, en la sierra de La Libertad, y en Panguana, provincia de Huánuco, donde unas 35 maquinarias pesadas provenientes de Pucallpa y Oxapampa trabajan día y noche en busca de oro. “Estas máquinas arrasan bosques, destruyen los cauces de los ríos y contaminan con mercurio. El daño al ecosistema es irreversible”, alertó.
Ipenza explicó que las mafias mineras pagan hasta 30 mil soles por cada máquina para operar bajo protección local. “La comunidad Pampas Verdes respalda la operación, movilizándose incluso para impedir las intervenciones policiales”, denunció.
En tanto, la científica Juliane Koepcke, recordada por ser la única sobreviviente del accidente aéreo del vuelo 508 de LANSA en 1971, denunció que la reserva Panguana está siendo invadida y destruida todos los días.
“El río Yuyapichis está muerto. El agua tiene un tono turquesa por el mercurio, ya no hay peces ni fauna. Panguana es un santuario científico de más de 60 años que está desapareciendo”, alertó.
Koepcke, de nacionalidad peruano-alemana, resaltó que el alza del precio del oro ha agravado la situación en los últimos tres años, atrayendo a mineros ilegales desde Madre de Dios, Pasco y Ucayali.
Hasta el momento, se han presentado cinco denuncias penales con placas de vehículos y responsables identificados, sin embargo, las investigaciones no avanzan. Los directores de la Estación Biológica han denunciado además amenazas de muerte por parte de las mafias extractivas.
“La ley permite incautar equipos y procesar a sus dueños, pero los operativos son débiles y sin resultados. La semana pasada hubo dos intervenciones: la policía llegó, pero los mineros ya se habían retirado. A las pocas horas volvieron a operar”, relató Ipenza.
La falta de acción oportuna está permitiendo que los ecosistemas amazónicos sean arrasados, afectando no solo la biodiversidad, sino también las comunidades nativas y la seguridad ambiental del país.
Para Ipenza, el Estado peruano debe asumir un liderazgo firme y sostenido contra la minería ilegal, garantizando presencia militar, protección a defensores ambientales y coordinación interinstitucional real.
“Sin control, sin recursos y con autoridades que filtran información, la lucha está perdida. El Perú necesita una estrategia ambiental de largo plazo, con sanciones ejemplares y presencia efectiva en el territorio”, afirmó.
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