Trabajadores de diversas instituciones públicas de los regímenes 276, 728, 1057 y de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) salen hoy miércoles a marchar por las calles del centro histórico protestando contra el nocivo Decreto Legislativo N.° 1666, que atenta contra los ingresos de pactos colectivos, derecho consagrado en la Constitución Política.
La medida es para exigir al Congreso de la República la inmediata derogatoria de esta norma que atenta contra derechos ganados con el paso de los años por los servidores públicos, explicó Ulises Rodríguez Cadillo, dirigente regional de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE) La Libertad.
Las delegaciones de protestantes estarán integradas por trabajadores del Gobierno Regional de La Libertad, Municipalidad Provincial de Trujillo, municipalidades distritales de la provincia y de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), EsSalud, entre otros.
La marcha se inicia a las 8:30 a.m. en el Paseo de Las Letras y continuará por diversas calles hasta llegar a la Plaza de Armas, donde se concentrarán frente a la Casa de Gobierno regional y Palacio Municipal.
Rodríguez señaló que el D.L. N.° 1666 es perjudicial para los derechos laborales. Esta norma, impulsada en el gobierno de Dina Boluarte, ha sido criticada por subordinar a entidades autónomas y limitar la capacidad de los gobiernos regionales y locales para gestionar sus recursos humanos.
La norma otorga un control excesivo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre los ingresos, derechos laborales y planillas de las entidades públicas, vulnerando la autonomía de organismos constitucionales, gobiernos regionales y locales, y de entidades como EsSalud y universidades públicas, al obligarlas a someter su ejecución presupuestal y de personal a validaciones técnicas del MEF, pese a que en muchos casos, como en las municipalidades, cuentan con financiamiento propio.
La norma impide el cumplimiento directo de convenios colectivos, laudos arbitrales y sentencias judiciales firmes, subordinándolos a un visto bueno presupuestal del MEF, lo que atenta contra el principio de cosa juzgada y el derecho constitucional a la negociación colectiva.
El D.L. 1666 excede los límites de la delegación legislativa otorgada por la Ley 32089, que solo autorizaba consolidar el marco normativo existente en materia de gestión fiscal de recursos humanos, sin habilitar al Ejecutivo para crear un sistema nuevo de control transversal en todo el aparato estatal.
Dirigentes de sindicatos afiliados al CITE y a la Federación de Empleados Municipales del Perú (FETRAMUNP) han denunciado ante el Congreso que la norma ha impedido la ejecución de beneficios laborales ya reconocidos, afectando a miles de trabajadores y comprometiendo derechos adquiridos a través de negociación colectiva, por lo que la marcha es para exigir la derogatoria del D.L. al Poder Ejecutivo.
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